UNAS ELECCIONES DECISIVAS

7976011174_4308236efa_bPolíticos y comentaristas llevan engañándose bastante tiempo, al afirmar que lo que va a haber en Cataluña el 27 de septiembre son unas simples elecciones autonómicas. Para esa fecha hay convocado un plebiscito que tiene como objetivo medir el apoyo de los ciudadanos catalanes a la independencia, así de simple. No hace falta recurrir a Alemania en 1933 o a las andanzas de Napoleón III, para encontrar precedentes en la historia constitucional.

Las elecciones de abril de 1931 eran municipales, pero finalmente se convirtieron en constituyentes porque sirvieron para medir la legitimidad que tenía la decrépita monarquía.

Lo malo de estos eventos electorales es que la victoria o la derrota de la propuesta queda en manos de la subjetividad de los proponentes: Mas y su lista han decidido que se contarán diputados, no votos, porque la ley electoral favorece sus intereses al primar las zonas en las que el apoyo al nacionalismo ha sido tradicionalmente más amplio.

Por lo tanto, en cierta manera estamos ya fuera del marco institucional. Los órganos estatutarios y las normas electorales están vigentes, pero se han convertido en una cáscara vacía al servicio de una causa que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, a no ser que se realice una profunda reforma.

Conviene entonces no llevarse las manos a la cabeza si después del 27 de septiembre, en Cataluña tenemos un accidente insurreccional. Con la ayuda de las CUP o sin ella, si hay una mayoría de diputados favorable a la secesión, el Parlamento de Cataluña hará una oferta al Estado para negociar la salida de la Comunidad Autónoma de España. Si no hay una respuesta favorable, llegará la declaración unilateral de independencia y entrará en vigor la ley de continuidad jurídica y la Constitución provisional que ha realizado el Comisionado para la TransiciónNacional.

Naturalmente, algunos creen que recurriendo a los tribunales puede frenarse una dinámica constituyente. Pero esta esperanza es vana, pues una dinámica de este tipo está precisamente pensada para destruir el viejo ordenamiento jurídico y sustituirlo por uno nuevo. Llegados a esta situación, todo dependerá de las lealtades individuales a la Constitución. El funcionario de turno tendrá que decidir si obedece al gobierno y los tribunales que penden de la legalidad que se pretende superar, o a las nuevas instituciones que surgen de la declaración unilateral de independencia. Es importante, por tanto, corregir a los que vienen afirmando que una situación como la que hemos descrito, no tiene consecuencias jurídicas. La declaración de independencia simbólica ya se hizo en enero de 2013, cuando el Parlamento autonómico declaró que Cataluña era un sujeto jurídica y políticamente soberano.

En el orden interno, el Estado puede aspirar a seguir manteniendo el monopolio del poder, pero en el orden externo existen no pocas ncertidumbres, con la Rusia de Putin esperando a dar una lección a Europa después de Kosovo.

Ante los dilemas expuestos, de poco sirven las terceras vías que últimamente se vienen proponiendo. No solo por la dificultad de asumir colectivamente el reconocimiento de hechos diferenciales sobrevenidos, sino por una cuestión esencialmente práctica. Es posible que una reforma constitucional para reforzar la identidad nacional catalana pudiera convencer a un porcentaje de independentistas de última hora. Sin embargo, esta solución parece inaplicable en la medida en que el núcleo duro del separatismo ocupa todos los resortes institucionales, comunicativos y sociales de la Comunidad Autónoma.

El punto de no retorno de la situación viene determinado por la ausencia de interlocutores válidos con una mínima lealtad constitucional y por la polarización política a la que se ha llegado, que impide un diálogo franco y la identificación de un espacio intermedio sobre el que negociar y consensuar un acuerdo factible para todos.

Por todo ello, el 27 de septiembre es decisivo. El final de los sucesivos planes de Ibarretxe lo decretó la sociedad vasca en unas elecciones, las de 2009, que permitieron la entrada de un lehendakari no nacionalista. El PNV comprendió entonces que los debates sobre la soberanía no solo dividían a la sociedad, sino que podían moverle de la eterna silla del poder. En Cataluña no existe esta sensación, porque el PSC sigue bajo el síndrome de Pujol y cuando tuvooportunidad de neutralizar la agenda independentista desde la Generalidad, se dedicó a promocionarla con irresponsables pactos con ERC y reformas del Estatuto que nadie reclamaba.

El proceso constituyente catalán solo acabará con una desautorización electoral clara, no con regateos constitucionales para profundizar en el organicismo político y desmantelar la ciudadanía liberal.

Lamentablemente, los electores catalanes acudirán a las urnas en un ambiente de escasa neutralidad institucional y con un gran desconocimiento de las consecuencias de una independencia unilateral. El comienzo de la campaña electoral se ha hecho coincidir con la Diada, mientras que el debate sobre los perjuicios económicos o la eventual permanencia de Cataluña en la Unión Europea ha sido soslayado o directamente manipulado con el objetivo de transmitir a la población la imagen de una secesión indolora. Con estos mimbres vamos a un plebiscito, no a unas elecciones autonómicas, pese a que el Gobierno, el PSOE y la oposición a la lista de Mas en Cataluña parezcan pensar lo contrario.

Josu de Miguel Bárcena
Abogado y profesor de derecho constitucional