LEYES PARA DESVIRTUAR SENTENCIAS

Es sabido por el ciudadano en términos generales, que los gobiernos aceptan en teoría los grandes principios, pero que en la practica una y otra vez se los pretenden saltar, eso sí, nunca lo reconocerán.

¿Qué gobierno salido de unas urnas, aunque sea pasteleado, no acepta la separación de poderes? La respuesta es clara, todos. Así pues las sentencias de los tribunales deberían ser aceptadas de igual manera por los ciudadanos y  gobiernos, aunque se discrepe.

Teniendo en cuenta que para que se produzca una sentencia, previamente ha tenido que promulgarse una ley elabora y aprobada por el poder legislativo, no parece de recibo que por el Ejecutivo- Gobierno- se plantee el realizar una ley que corrija los efectos de la sentencia firme y sin opción de recurso.

Se preguntará el lector ¿a qué viene ahora esta pequeña introducción basada en el principio  de la separación de poderes del Barón de  Montesquie?

Vamos a ello, durante más de trece años, ciudadanos que optaron por adquirir una  vivienda y en muchos casos empujados por el Gobierno de turno, dentro de lo que se ha venido denominando la “burbuja inmobiliaria”, acudieron a la banca del país para obtener un crédito hipotecario, que dicho sea de paso,  obtuvieron en muchos casos sin las garantías pertinentes y por encima de los porcentajes de tasación, lo que les permitió por asesoramiento del propio empleada banca, que no solo financiara  la vivienda, sino el coche y hasta unas vacaciones, ya que dentro de esa burbuja inmobiliaria fluía el crédito y los bancos estaban ansiosos por colocar su dinero, bueno el de todos.

Claro estaba ante esta avalancha de demanda de crédito, los bancos aprovecharon la ocasión para establecer clausulas abusivas para hacer negocio a través de los intereses a cobrar a los hipotecados, para ello diseñaron un producto consistente en aplicar un interés variable en función de cómo se comportara el precio del dinero, hasta ahí parecería correcto, pero quisieron rizar el rizo y esta variación siempre se aplicaba cuando el coste del dinero era al alza, nunca cuando el coste del dinero bajaba, ya que se establecía un tope “ clausula suelo”  así la banca siempre ganaba a expensas de la ilusión del que compraba la vivienda.

En otros muchos casos aplicaban índices de referencia  abusivos, hoy declarados como tal por un sinfín de sentencias, tal es así que el Banco de España ya no los publica, lo que no es óbice para que las cajas de ahorro los hayan aplicado, lo que sin duda nos dice que las Cajas de Ahorro deberían devolver los intereses cobrados de forma fraudulenta.

Nos estamos refiriendo a los índices como el IRPH (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para la adquisición de vivienda libre) o al índice CECA  (tipo activo de referencia de las calas de ahorro)

Tras años de peleas legales por los titulares de las hipotecas, ya que nunca se les bajaron sus intereses cuando el referente era beneficioso para ellos, lograron pequeñas victorias parciales de reconocimiento a sus demandas  sobre todo en la nulidad de dicha clausula, pero no se les reconocía la devolución del dinero defraudado por la Banca, es decir por todo el periodo de vigencia de la hipoteca sino a partir de una determinada fecha, se fijaba en el año 2013, según sentencia del Tribunal Supremo.

Recurrida esta sentencia al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, este ha estimado que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso a mayo de 2013,  se opone al derecho comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del préstamo

Bueno aquí es donde queríamos llegar, ya tenemos una sentencia firma no recurrible, y que nos afecta por ser miembros de la Unión Europea.

Ante esta situación que hace el Gobierno del Partido Popular, pues sencillo, ya que la sentencia  no es de aplicación inmediata, sino que tendrá que ser adoptada por el Supremo en las próximas declaraciones de nulidad de estas cláusulas, una vez más se pone de parte del poderoso, es decir de la banca, y busca un argumento como es el colapso de la administración de justicia en un intento de prolongar en el tiempo la devolución de los interese cobrados por la banca de manera fraudulenta y evitarle a la banca el pago de las costas judiciales, tan importante en volumen como las propias devoluciones o más..

Todo ello a pesar de que el Gobierno también tiene una gran responsabilidad de toda esta situación, ya que jamás se preocupo de que estaba sucediendo con estas operaciones financieras de deuda privada y por ende  jamás defendió los intereses de los consumidores, ya no puso al servicio de los mismos los instrumentos que tiene a su alcance el Ministerio de Economía como son los  organismos reguladores, CNMV  o el  Banco de España responsable de la buenas prácticas bancarías.

Si hubiera cumplido con sus obligaciones hoy miles de  ciudadanos se habrían evitado muchos males de cabeza, a la asfixia económica a la que se han visto sometidos por  los bancos al pagar cuotas hipotecarias del doble de lo pactado, las  visitas a los juzgados, demandas etc.

Aquí debemos tener un recuerdo a todas aquellas familias que se han visto desahuciadas de sus casas por no poder pagar la cuota hipotecaría y los suicidios habidos por el estado de impotencia y angustia de algunos de los afectados al no poder hacer frente al pago de estos intereses abusivos.

El mismo gobierno que ya administra una justicia lenta por falta de recursos no tendría que salir diciendo ahora que dado el volumen de casos de reclamación de cantidades por la aplicación de la Clausula suelo, colapsaría  aun más la justicia y por ello pretende hacer una ley que corrija los efectos de la sentencia del Tribunal Europeo.

Hoy se aprobará un Real Decreto Ley, que pretende tapar la desvergüenza de los organismos reguladores, de paso bajo una pretendida eficacia en el cobro por parte de los ciudadanos de la devolución de los intereses defraudados, favorecer nuevamente a la banca, ya que esta se evitará el pago de las costas judiciales a las que se verán obligados a hacer frente.

Los gobiernos del Partido Popular que a lo largo de la crisis económica-financiera, y que han instrumentalizado el déficit presupuestario y la deuda pública como la excusa perfecta para los recortes, ahora no les importa que la administración de Justicia ahora no recaude, al evitarle a la banca el pago de las costas judiciales, en otro tiempo no lejano aumentaba las tasas al ciudadano para acudir a la justicia, claro entonces pagaban los ciudadanos. Cuando se criticaba este aumento desmesurado, se decía lo mismo que ahora, esta medida  evitaría el colapso de la administración de justicia y se tendrían más recursos para la modernización de la misma, ahora lo de tener más recursos no importa ya que proceden de la banca y lo  de la modernización de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ya no digamos por lo que se ve, cuanto peor funcione, mejor para los oligopolios y de paso se castiga nuevamente a los ciudadanos con la ineficacia de esta.

Pero ante este panorama, también cabe reflexionar  y preguntarse  ¿cuál es el papel del Partido Socialista Obrero Español?  El de triste comparsa, el de oposición/gobierno, o sencillamente cabe pensar que es un instrumento del Partido Popular para llevar a cabo sus políticas antisociales y es el que pone la vaselina.